Hoy se cumple exactamente un mes desde que, en una operación rocambolesca y peliculera con coordinación internacional, el FBI anunció aquel “duro golpe contra la piratería”: el cierre de Megaupload.Un mes después, resulta lógico y razonable plantearse cuáles han sido los resultados. En primer lugar, el más obvio, evidente y claramente anticipado: el tráfico, simplemente, se ha desplazado a otras páginas o se ha redirigido hacia protocolos P2P, que experimenta un apreciable incremento. Se calcula que Megaupload era responsable de entre el 2% y el 3% del consumo de ancho de banda del total de la red y de entre el 30% y el 40% del tráfico de descarga de archivos, pero tras la caída de los dos primeros días, esos consumos se han regenerado completamente. No había que ser ningún genio para predecir ese efecto hace exactamente un mes.
Pero el no servir para nada no es el único “logro” de la operación del FBI: además, se ha dado lugar a una gran incertidumbre sobre los modelos basados en el cloud computing, un impacto significativo sobre el futuro de la innovación en la red, y se ha perjudicado a un elevado número de clientes que utilizaban Megaupload para almacenar archivos de todo tipo, lo que ha originado demandas tanto en los Estados Unidos como en España. Las especulativas y fáciles frases que hablaban de un uso exclusivamente destinado a la infracción de los derechos de autor chocan con la realidad de decenas de miles de usuarios que pagaban la cuota de Megaupload posiblemente con el fin de realizar descargas, pero que, ya que ello les proporcionaba acceso a un casi ilimitado espacio de almacenamiento, lo utilizaban para muchos otros archivos de todo tipo.
Pero, sobre todo, ¿estamos hablando de un caso claro, de un “paseo judicial” para las autoridades estadounidenses? Sin ánimo de defender a Megaupload, que ya cuenta con abogados para ello, no son pocas las voces de juristas expertos que empiezan a afirmar que el caso confunde de manera tendenciosa la jurisdicción civil con la penal o que existen importantes problemas con la formulación de los cargos acusatorios. Lo que parecía una lista terrible de cargos es calificado por tres reputados juristas como
All three professors emphasized that an indictment may include claims that are misleading, taken out of context, or even flat inaccurate. And they noted that not all the allegations in the indictment may even make it before a jury.
Como comentamos en su momento, la evolución del tema empieza a indicar que la fulminante actuación del FBI se debió más a la amenaza que suponía la aparición de un modelo de negocio competidor, legal y eficiente que ofrecía a los artistas un acceso directo al mercado, o al desafío que había supuesto el vídeo que Universal intentó retirar de la red en reiteradas ocasiones mediante peticiones ilegítimas. O, simplemente, una maniobra de compensación, una maniobra de políticos corruptos: “dado que la gente protesta por SOPA y PIPA, las quitamos de en medio, pero a cambio os entregamos la cabeza de Kim Dotcom puesta en una bandeja”.
Lo más patente del caso Megaupload sigue siendo exactamente lo mismo que hace un mes: cómo hacían para conseguir tener tantos usuarios de pago, mientras la industria del entretenimiento se dedica a quejarse amargamente de que los clientes no quieren pagar y pretenden el “todo gratis”. Un mes después de la operación contra Megaupload, la taquilla de los cines y las ventas de música siguen igual, las descargas mantienen su ritmo, se han revitalizado tanto el P2P como otras páginas de descargas, algunos usuarios están mucho más enfadados, y los males de la industria siguen estando en el mismo sitio. De hecho, algunos llaman a acabar con la industria del entretenimiento como un deber de ciudadanos responsables.
No sé si alguno seguirá celebrándolo con cerveza, pero me da que muchos motivos, realmente, no tiene para ello. ¿Quieren seguir cerrando páginas y jugando al gato y al ratón? ¿Quieren denunciar a Google? Adelante, seguiremos en la misma dinámica. ¿Cuántas páginas de descarga tienen que cerrar hasta darse cuenta de que se trata de un caso de demanda insatisfecha? Al final, la pregunta es la misma de siempre, la misma que se hace Peter Sunde: ¿por qué dejamos que industrias inadaptadas dicten los términos de nuestra democracia?